Para clarificar la noticia publicamos este extenso reportaje aparecido en la revista "Historia y Vida" en enero de 2010.

 

España Vs Francia por culpa de cuatro compatriotas. La historia de cuatro guerrilleros cántabros exiliados…

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A mediados de los años cincuenta, el régimen español pedía a Francia la extradición de cuatro maquis cántabros a los que intentaba presentar como delincuentes comunes. La justicia gala no iba a verlo así.

En la madrugada del 16 de diciembre de 1955, dos vehículos de la Policía Judicial francesa se situaron a la entrada del Hôtel du Bosquet, una modesta pensión ubicada en Chamalières, suburbio del Clermont-Ferrand. Minutos después, los agentes detenían a los hermanos José Marcos y Pedro Campillo Campo, naturales de Tresviso, en la provincia de Santander. A las once de la mañana fue arrestado Santiago Rey Roiz, santanderino de Bejes, que se encontraba hospitalizado en el sanatorio local. Y días más tarde fue capturado un tercer hermano Campillo Campo, Avelino. En la operación de Chamalières participaron dos agentes españoles, puesto que la orden de captura se había efectuado en virtud de un mandamiento del juzgado de Bilbao.
La prensa divulgó la noticia durante los siguientes días. “Tres peligrosos gángsteres españoles detenidos en Clermont-Ferrand”, titulaba Franc-Tireur, un diario proclive a los republicanos exiliados. Los demás –Libération, L’Aurore, La Dépêche du Midi…- se alinearon también con el discurso oficial: repetían epítetos como forajidos, criminales, secuestradores… La Montagne aclaraba en el subtítulo los motivos del arresto: “Buscados en España por el secuestro de un muchacho y el asesinato del yerno de un antiguo presidente cubano”. Únicamente France-Soir discrepó de la versión oficial. Encabezó su información con una frase de los santanderinos: “No somos asesinos, somos activistas políticos”. La revista alemana Der Spiegel, por su parte, rotulaba un reportaje sobre el episodio como “Balada de los bandidos generosos”.

El fin de la guerrilla

Los españoles detenidos en Chemalières no respondían ciertamente al perfil que la prensa se limitó a hilvanar tirando del hilo policial. El propio embajador franquista en París advirtió a Madrid que los “delincuentes reclamaron la presencia del representante de la UGT en Clremont-Ferrand y también telefonear a los dirigentes del partido socialista en Tolouse”. En efecto, Santiago Rey y José Marcos Campillo eran dos conocidos y respetados supervivientes de la resistencia antifranquista –el primero llevaba doce años en el monte, quince el segundo-, militantes de la UGT desde antes de la guerra y soldados del Ejército Popular de la República hasta la caída del frente Norte. Acabada la contienda, sufrieron la política represiva del nuevo régimen: detenciones arbitrarias, palizas en los cuartelillos de la Guardia Civil, discriminación laboral…
Uno y otro se cansaron del papel de víctimas pasivas y se unieron a los grupos armados que actuaban en las montañas de Santander y Asturias. Campillo y Rey exploraron todas las fases de la guerrilla: los comienzos titubeantes, el tiempo de euforia y también el final de las ilusiones. Durante años conocieron la terrible experiencia de echarse al monte: miedo, familiares represaliados y muerte. A diferencia de la mayoría de compañeros, ni cayeron en las múltiples refriegas ni escaparon al extranjero a finales de los años cuarenta. Sin embargo, la suya era una resistencia abocada a la extinción. Eligieron finalmente la huida, pero para llevarla a cabo necesitaban dinero, y la única forma de obtenerlo pasaba por un “golpe económico”. La víctima fue el joven bilbaíno Emilio María Bollain, secuestrado el 29 de junio de 1954 en la finca familiar de Balmaseda, en los límites entre Vizcaya y Burgos. El padre del rehén, el abogado Emilio Bollain Matienzo, pagó millón y medio de pesetas por su rescate. La información para el secuestro la proporcionó el hermano de José Marcos, Pedro, que trabajaba en la propiedad y que después del golpe también huyó al monte.

Cruzar la frontera

El 14 de octubre, después de más de cien días escondidos en una cabaña de Gijano, en el valle burgalés de Mena, los santanderinos alcanzaron la frontera francesa por Oloron-Sainte-Marie, en el Béarn, donde los esperaba Avelino. Aconsejados por éste, los fugitivos decidieron cambiar pesetas por francos nada más pisar suelo francés: ignoraban que la policía había numerado los billetes del rescate. Luego se trasladaron a Dole, en el departamento del Jura, donde residía Avelino. Ajenos a la realidad, dedujeron que con su llegada al país vecino se habían acabado sus problemas y vivían una libertad sin limitaciones, pero fueron detenidos y condenados a un mes de cárcel “por paso clandestino de fronteras”. Ante el sesgo que tomaban los acontecimientos, los fugados repasaron el camino y se dirigieron a Toulouse, donde entraron en contacto con dirigentes socialistas. Éstos, tras recabar informes de las organizaciones del interior, aceptaron su condición de perseguidos políticos.
A finales de octubre fue retenida en Sevilla la ciudadana francesa Margaritte Sabater, que abonó la factura de su hotel con dinero del secuestro de Balmaseda. Aunque nada tenía que ver con el episodio, las autoridades bilbaínas enviaron al Midi francés al jefe de policía Alejando del Carmen Ruiz y a un funcionario del Banco de España. En Oloron supieron que los billetes del secuestro habían sido canjeados en el Credit Lyonnais de Pau, y también identificaron al autor, Avelino Campillo. Conocida la filiación de los fugitivos, la policía consiguió localizarlos en Dole al interceptar una carta remitida a sus familiares en España y matasellada en esa ciudad. Pero cuando se cursó la orden de detención a través de la Interpol ya se encontraban en Toulouse.
Los socialistas se percataron de la situación comprometida de los santanderinos: para reforzar su condición política, los afiliaron al PSOE y a la UGT del exilio, y además comenzaron los trámites para legalizarlos. El secretario adjunto de la Comisión Ejecutiva socialista, Manuel Muiño Arroyo, escribía a sus compañeros de Clermont-Ferrand, en el departamento de Puy de Dôme, que los maquis habían estado a punto de ser devueltos a España desde Dole, “pero llegaron todavía a tiempo a Toulouse y han sido reconocidos en principio como refugiados políticos a la espera de la decisión definitiva de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas”. También decidió que el escenario perfecto para conseguir los papeles era precisamente Clermont-Ferrand. Añadía Muiño: “Conviene actuar rápidamente, porque habida cuenta de que estos compañeros han tenido una accidentada vida en los montes y han sido heridos, y naturalmente han combatido, pudiera ser que el gobierno franquista pidiera su extradición, y teniendo el certificado de Refugiado ya, sería un buen paso para impedirla”.
Cuando los santanderinos llegaron a Clermont-Ferrand, el responsable socialista, Eduardo Miralles, los presentó a los mandos policiales y a los dueños de la pensión de Chamalières. Incluso le consiguió trabajo a Pedro Campillo, mientras que a su hermano trataron de curarle en el sanatorio las heridas mal tratadas durante la vida en el monte. Santiago Rey, asmático y enfermo, tuvo que ser internado. En esa localidad y en esa pensión fueron detenidos por la policía.

España pide la extradición

Como pronosticó Muiño, el gobierno español reclamó el 24 de diciembre la extradición de los santanderinos, lo que provocó una batalla simbólica entre el franquismo y socialistas en el exilio. Arbitraba la contienda el poder judicial francés, concretamente el Tribunal de Riom. Muñio exponía las razones del apoyo a los cántabros: “Les hemos ayudado porque los consideramos refugiados políticos, pues los tres son hombres del maquis, sin otro objetivo que continuar en la guerrilla o refugiarse en Francia para evitar que los cacen”.
Para el franquismo, la devolución de los guerrilleros era capital precisamente para negar su condición de activistas políticos y dejar claro que nadie combatía al régimen desde el final de la guerra. El objetivo era convertir a los del monte en delincuentes comunes. En un documental aportado por la dictadura al tribunal francés puede leerse: “Desde 1939 los dos individuos no parecen haberse significado por actividades políticas ni haber sido nunca perseguidos por actos de carácter político. Ambos individuos usaban y disfrutaban plenamente de todos los derechos políticos que las leyes españolas conceden a sus ciudadanos”. Teniendo en cuenta que llevaban quince y doce años emboscados, el texto se adscribe al género del humor negro.
Aunque la dictadura los acusaba de varias muertes y numerosos atracos, los cargos se redujeron al secuestro de Balmaseda: los billetes numerados eran la prueba del delito. Se pedía la entrega a España de los tres hermanos Campillo Campo –Avelino, que vivía en Francia desde 1947, como “cerebro de las operaciones”- y de Santiago Rey, a quien se consideraba el cabecilla de la partida. A pesar de las circunstancias adversas, el representante ugetista en Clermont-Ferrand, Miralles, irradiaba optimismo después de entrevistarse con el abogado general de la Corte de Riom: “Tuvimos nosotros y tienen los interesados suerte de encontrar una persona tan humana y comprensiva en ese señor, que es quien hace la acusación”.
Por si acaso, contrataron a un letrado de prestigio, Marc Bourdier du Barreau, decano del Colegio de Abogados. También recibieron de Toulouse mensajes de apoyo y solidaridad: “Nuestra convicción firme respecto a esos tres compañeros por los que hay que hacer todo lo que legalmente sea posible para impedir que el franquismo se salga con la suya, (…) les acusarán de cuanto quieran, (…) y les pondrán como delitos comunes lo que no son otra cosa que actos de la resistencia de hombres que aman la libertad de su país, lo mismo que realizaron en Francia los verdaderos maquisards”.
La prensa española no dudaba del resultado final del contencioso, pero el 20 de enero de 1956 la Corte de Riom absolvió a los maquis “por falta de pruebas”. Un periódico bilbaíno explicaba así el fall: “Escapaba a toda duda que estos delincuentes comunes serían entregados a las autoridades españolas. Mas, desgraciadamente, las autoridades francesas, cediendo a inconfesables presiones ejercidas por los socialistas en Francia, no lo han entendido así, alegando para ello fútiles pretextos de tramitación, que revelan el claro designio de no aplicar la ley a unos vulgares malhechores”. Según el diario Madrid, “les ha bastado presentarse como enemigos del régimen español para encontrar apoyos en Francia”.

Cambio de táctica

Los representantes españoles no metabolizaron ese primer fallo judicial y apelaron a la Corte de Riom. El 9 de marzo los santanderinos fueron detenidos una vez más, y el franquismo corrigió la táctica: reclamó únicamente la extradición de los dos guerrilleros, Santiago Rey y José Marcos Campillo, a quienes consideraba responsables directos, exonerando a los otros dos hermanos Campillo Campo. Se trataba de seleccionar el objetivo que parecía más fácil, pues Avelino era un refugiado político y Pedro no pasaba de simple enlace. Por otra parte, en el recurso se les acusaba no sólo del secuestro de Balmaseda, sino también del asesinato en las afueras de la localidad palentina de Piedrasluengas de Benigno Ferreiro. Éste era un indiano de origen lucense que murió el 19 de julio de 1954 (“el examen médico demostró que los golpes que había recibido no eran mortales, pero que había sucumbido a una congestión provocada por el frío”), cuando sus secuestradores se disponían a cobrar el rescate y quienes se presentaron fueron guardias civiles disfrazados. Pero no existían pruebas de que los autores fueran los detenidos en Francia.

Para que el Tribunal de Riom no situara el activismo político de los encausados en el centro del debate, la dictadura se valió de la biografía de Emilio Bollain Matienzo, padre del joven secuestrado. En primer lugar, aportó un documento de la Prisión Provincial de Bilbao en el que se certificaba que el abogado había estado preso “por auxilio a la rebelión” cuando la capital vasca “fue liberada por las fuerzas nacionales”. Un segundo documento remitido por la embajada de España en París aseguraba que Bollain “es o ha sido persona de significación política de izquierdas, que perteneció al separatismo vasco marxista y de hostilidad notoria al régimen español”. El objetivo era que el tribunal descartara razones políticas en el secuestro y lo juzgara como un asunto de delincuencia común. Pero la Corte de Apelación de Riom ratificó la sentencia absolutoria el 23 de marzo. El periódico Franc-Tireur informaba que habían sido puestos en libertad “al considerarlos el tribunal perseguidos políticos del franquismo”. El embajador español en París protestó ante el Quai D’Orsay, aunque reconocía que, en la extradición de un súbdito de otro país, “pertenece exclusivamente a la potencia requerida el decidir si la infracción por la cual se solicita la extradición entra o no en la categoría de delitos políticos”.

El exilio perpetuo

El franquismo intentó reabrir el sumario en dos ocasiones en 1957. un informe manuscrito de la Dirección General de Asuntos Consulares confirma que ni el embajador galo en Madrid ni el Ministerio de Asuntos Exteriores francés se hicieron eco de las pretensiones españolas. Lamentaba el autor la “falta de objetividad demostrada por las autoridades francesas al examinar los hechos delictivos y al calificar de móviles políticos la perpetración de dos crímenes”. El embajador José de Rojas anunciaba a Madrid que seguía trabajando para reabrir el caso, aunque reconocía que sin demasiadas probabilidades de éxito. El régimen jugó una última partida con farol incluido: informó a Francia de que, a partir de esa fecha, no entregaría a los ciudadanos de ese país presos en España por delitos comunes. En octubre de ese año el embajador español en País notificó que sus gestiones en el Quai D’Orsay no habían producido resultado alguno. Era el fin de la batalla político-judicial, aunque los coletazos, puramente testimoniales, se prolongaron un año más. Santiago Rey, peón, murió en 1978. José Marcos Campillo Campo, herrero, en 2005. En el exilio. Un exilio perpetuo.